El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplía la autoridad de Elon Musk dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, permitiéndole revisar, modificar e incluso eliminar contratos y subvenciones federales.
La medida obliga a todas las agencias gubernamentales a colaborar con Musk para reducir costos y combatir el «fraude y despilfarro», según el gobierno. Sin embargo, esta decisión ha generado fuertes críticas por parte de empleados públicos, sindicatos y legisladores demócratas, quienes denuncian una falta de transparencia y un riesgo de conflicto de interés.
Entre las primeras acciones promovidas por Musk destacan la eliminación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la congelación de fondos destinados a ayuda humanitaria. Su creciente influencia dentro del gobierno ha desatado un intenso debate sobre la concentración de poder en el sector privado dentro de la administración pública.
