La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó, con 59 votos a favor y cero en contra, la reforma al Código Penal que establece penas de entre 10 a 15 años de prisión para quienes cometan el delito de extorsión. Estas penas podrán duplicarse si existen agravantes, como el cobro de deudas tipo «gota a gota» o el secuestro exprés.
El dictamen fue integrado por las iniciativas de Clara Brugada, jefa de Gobierno; Tania Larios, diputada del PRI; y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Durante el debate previo a la votación, Paulo García, vocero de la bancada de Morena, destacó que la reforma permitirá que «la extorsión sea considerada un delito grave, lo que implica que los extorsionadores no puedan salir bajo fianza».
Redacción N360 | Unife.
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