Según el más reciente ranking de aprobación ciudadana de gobernadores hecho en abril de 2025 por Mitofsky – El Economista, Layda Sansores es la tercera mandataria local peor evaluada sólo detrás de Javier May (Tabasco) y Evelyn Salgado (Guerrero). Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de septiembre de 2024 identificó que 36.5 de los adultos en Campeche considera inseguro su entorno. La percepción de inseguridad alcanzó en marzo de 2025 un 63.1 por ciento. Además, en el último trimestre de 2024, la actividad económica del estado cayó un 14.4 por ciento como resultado de una contracción de las actividades secundarias (18 por ciento) y terciarias (1.5 por ciento).
Lejos de ocuparse en atender estas realidades, Sansores San Román prefiere volcar su atención y esfuerzos en perseguir opositores, sobre todo si se trata de periodistas. No hay mejor muestra que ese circo mediático llamado El martes del jaguar donde con torpeza lingüística, pero con toda su ira y el peso del Estado ataca a reporteros, columnistas y analistas políticos que le incomodan. En lo que va de su administración, su embate ha hecho desaparecer cinco periódicos impresos locales: Crónica, Expreso, Novedades, El Sur y Tribuna.
A quien también ha buscado silenciar es a Jorge Luis González Valdez. Afortunadamente, su caso cobró notoriedad nacional este fin de semana. El hombre, de 71 años de edad y con una trayectoria de más de cinco décadas en el oficio, fue vinculado a proceso el viernes 13 de junio acusado de incitación al odio y violencia en contra de la morenista. La jueza ordenó el cierre del portal Tribuna para el que trabajó, le impidió laborar en el ramo durante dos años y le ordenó pagar dos millones de pesos por concepto de reparación del daño.
Avergüenza que una juzgadora se ponga a merced del poder de manera tan burda para cometer un atropello que vulnera dos derechos fundamentales de González Valdez: el de expresión y el de trabajo, por cierto, garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está el uso faccioso de la Justicia que hacen quienes promovieron la reforma en la materia asegurando que el sistema estaba cooptado por entes corruptos que respondían sólo a intereses personales. Son también aquellos que se presumen diferentes, demócratas y humanistas.
La gobernadora niega que este asunto sea un caso de censura o una represión contra el decano del periodismo campechano. Aseguró que se trataba de una decisión histórica a favor de las mujeres “para que ya no sigan soportando la humillación y la violencia”. Curiosamente, eso lo dice una persona a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró culpable de cometer violencia política de género y cuyo nombre está inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por sus dichos denigrantes en contra de diputadas priistas.
La realidad de Campeche no va a cambiar por decreto o por silenciar las voces que día a día la revelan. Qué tragedia que los recursos de aquella entidad se vuelquen en defender la delgada piel delgada de una bully que, dirían por ahí, “se lleva pero no se aguanta”. Antes de salir a pelear con medio mundo, Layda Sansores debe entender que su principal detractora es ella misma. Su soberbia, vulgaridad, vacuidad e ineficiencia son las que hablan por ella. Ahora, no sólo pasará a la historia como una pésima gobernadora, intolerante y autoritaria.
