El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, acudió la mañana de este viernes a la audiencia del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.
Sin embargo, la cita de formulación de cargos, que estaba programada a las 9:00 horas de la mañana de este viernes, fue diferida para el martes próximo. Esto por solicitud de los abogados del funcionario.
Garduño fue citado por un juez federal y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. Los hechos fueron en relación al incendio del 27 de marzo en el que fallecieron 40 migrantes.
“Estoy en un proceso judicial, eso me impide una declaración adicional. He estado al pendiente y aquí estaré”, dijo Francisco Garduño a reporteros, en entrevista colectiva, a su salida de la audiencia.
El titular del INM confirmó que aportará las pruebas necesarias a las autoridades
Sin referirse directamente al incendio de la estación migratoria donde fallecieron 40 migrantes, Garduño Yáñez aseguró que aportará a todas pruebas a las autoridades. “El juez que conoce la causa penal y el Ministerio Público, todos, absolutamente todos los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas”.
Desde que llegué a Ciudad Juárez, el día 28 de marzo, horas después del acontecimiento lamentable y doloroso, mi primer objetivo fue atender a las víctimas, con acudir a los hospitales, en el traslado de estos enfermos a hospitales de primer nivel en la Ciudad de México, y el segundo objetivo fue trasladar a los cuerpos a sus países de origen, atender a los familiares (de los fallecidos), en comunicación permanente con los consulados, así ha sido mi actuación”.
FRANCISCO GARDUÑOEl titular del INM había llegado al tribunal desde las siete de la mañana. Se presentó acompañado de tres abogados y escoltado por una patrulla de la Guardia Nacional.
Ante el escrutinio internacional, Garduño no habló de si dejará el puesto como responsable de la migración. Esto pese a que el gobierno mexicano ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por no destituirle del cargo y de los países con víctimas. En particular de El Salvador, que ha denunciado un “crimen de Estado”.
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