En el día de ayer -22 de marzo- se conmemoró el Día Mundial del Agua. También ayer se dio inicio a la Conferencia de Agua que organiza la Organización para las Naciones Unidas (ONU). En Nueva York, gobiernos, países e instituciones civiles se darán cita hasta mañana para debatir sobre la temática y reunir consensos para avanzar en políticas públicas. Destinadas, de algún modo, a lograr salir de la crisis y gestionar mejor los recursos hídricos.
En este marco, México no escapa a la ecuación. De acuerdo con el informe El Agua en México, Actores, sectores y paradigmas, 12 millones de personas carecen de acceso a agua potable, según informó Diario el Economista.
Adicionalmente, las sequías se han intensificado durante la última década y la sobre-explotación de los acuíferos se ha incrementado en 15 por ciento.
En el país 102 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados. Asimismo, el 46% del vital líquido se pierde por fugas en las redes de abastecimiento, además 80% de los cuerpos del país presenta algún tipo de contaminación por descargas industriales.
En esta línea cabe destacar que sólo 1 de cada 100 litros de agua que caen por concepto de lluvia es captado para su utilización en distintas actividades. Esto como consecuencia a la pobre calidad del agua en la mayoría de las cuencas. Por ello, nuestro país se encuentra en el ranking uno consumo de agua embotellada del mundo.
En este marco, según IMCO, Centro de investigación en política pública, el Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso.
Leyes pendientes sobre el agua en México
En el marco de lo legal en nuestro país cabe destacar que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México. Esto mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°.
Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992. A la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente.
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